viernes, 22 de junio de 2012
Más de 600 organizaciones saldrán a la calle si no se respeta la voluntad popular
En carta enviada a las autoridades, afirman que existen visos de fraude 
Podría ser la última oportunidad para generar un cambio por la vía de las urnas, advierten Fernando Camacho Servín Periódico La Jornada Viernes 22 de junio de 2012, p. 8 Más de 600 organizaciones civiles y ciudadanos a título personal dieron a conocer ayer un manifiesto donde advierten que si en las elecciones presidenciales del primero de julio hay visos de fraude, saldrán a movilizarse para impedir “cualquier intento de atropellar la voluntad popular”, ya que ésta podría ser la última oportunidad para generar un cambio en el país por la vía de las urnas. La misiva –firmada por personajes como el obispo de Saltillo, Raúl Vera; Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Miguel Concha Malo, Rosario Ibarra de Piedra y Enrique Semo, entre otros– está dirigida a las autoridades de los tres niveles de gobierno y en ella se señala que el país se encuentra en un “estado de emergencia y desastre nacional” debido a la imposición de una economía “parasitaria y estancada”. Con el respaldo de organizaciones religiosas, de migrantes, campesinas, sindicales, ecologistas y de defensa de los derechos humanos, en el documento se señala que la situación se ha agravado por la “guerra” desatada por el gobierno federal, no para combatir al crimen organizado sino “para proteger intereses de empresas monopólicas”, lo cual ha provocado una catástrofe humanitaria. Ante ese escenario, los comicios representan la posibilidad de lograr cambios por la vía institucional, pero el éxito del proceso dependerá en buena medida de que las autoridades legales y los poderes fácticos respeten la voluntad popular, ya que de lo contrario “tal vez ésta sea la última oportunidad para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en un clima de paz social”. En la carta, los firmantes subrayan que en la historia reciente del país han ocurrido varios ejemplos de fraude e imposición, entre ellos los comicios presidenciales de 1988 y 2006, y siguen ocurriendo prácticas nocivas, como la utilización de dinero del crimen organizado, rebase de topes de campaña, compra de votos, incapacidad e ineficiencia de los órganos electorales, uso propagandístico de las encuestas e incluso intimidación y muerte. Celebran la aparición del movimiento estudiantil y juvenil #YoSoy132, que “ha puesto de manifiesto la grave decisión del monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República” para resguardar los privilegios de las minorías que detentan el poder político y económico. En el documento se enfatiza que siguen ocurriendo “prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo”, por lo cual se deja claro que si las autoridades planean cometer un fraude, “tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia. Lo haremos de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular”. Por último, los firmantes del pronunciamiento convocan a una Asamblea por la Paz y la Legalidad Electoral, que se realizará este sábado a las nueve horas en la Universidad Obrera de México (San Ildefonso 72, Centro Histórico), y a reunirse el 14 de julio –en un sitio por definir– para evaluar el proceso electoral y acordar acciones al respecto.
Podría ser la última oportunidad para generar un cambio por la vía de las urnas, advierten Fernando Camacho Servín Periódico La Jornada Viernes 22 de junio de 2012, p. 8 Más de 600 organizaciones civiles y ciudadanos a título personal dieron a conocer ayer un manifiesto donde advierten que si en las elecciones presidenciales del primero de julio hay visos de fraude, saldrán a movilizarse para impedir “cualquier intento de atropellar la voluntad popular”, ya que ésta podría ser la última oportunidad para generar un cambio en el país por la vía de las urnas. La misiva –firmada por personajes como el obispo de Saltillo, Raúl Vera; Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Miguel Concha Malo, Rosario Ibarra de Piedra y Enrique Semo, entre otros– está dirigida a las autoridades de los tres niveles de gobierno y en ella se señala que el país se encuentra en un “estado de emergencia y desastre nacional” debido a la imposición de una economía “parasitaria y estancada”. Con el respaldo de organizaciones religiosas, de migrantes, campesinas, sindicales, ecologistas y de defensa de los derechos humanos, en el documento se señala que la situación se ha agravado por la “guerra” desatada por el gobierno federal, no para combatir al crimen organizado sino “para proteger intereses de empresas monopólicas”, lo cual ha provocado una catástrofe humanitaria. Ante ese escenario, los comicios representan la posibilidad de lograr cambios por la vía institucional, pero el éxito del proceso dependerá en buena medida de que las autoridades legales y los poderes fácticos respeten la voluntad popular, ya que de lo contrario “tal vez ésta sea la última oportunidad para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en un clima de paz social”. En la carta, los firmantes subrayan que en la historia reciente del país han ocurrido varios ejemplos de fraude e imposición, entre ellos los comicios presidenciales de 1988 y 2006, y siguen ocurriendo prácticas nocivas, como la utilización de dinero del crimen organizado, rebase de topes de campaña, compra de votos, incapacidad e ineficiencia de los órganos electorales, uso propagandístico de las encuestas e incluso intimidación y muerte. Celebran la aparición del movimiento estudiantil y juvenil #YoSoy132, que “ha puesto de manifiesto la grave decisión del monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República” para resguardar los privilegios de las minorías que detentan el poder político y económico. En el documento se enfatiza que siguen ocurriendo “prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo”, por lo cual se deja claro que si las autoridades planean cometer un fraude, “tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia. Lo haremos de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular”. Por último, los firmantes del pronunciamiento convocan a una Asamblea por la Paz y la Legalidad Electoral, que se realizará este sábado a las nueve horas en la Universidad Obrera de México (San Ildefonso 72, Centro Histórico), y a reunirse el 14 de julio –en un sitio por definir– para evaluar el proceso electoral y acordar acciones al respecto.
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