Leyes antiaborto, evidencia de la debilidad del Estado, alerta la AMC
* Ante la permisividad del poder frente a la Iglesia, la alternativa es legislar en pro de la laicidad
* Ex titulares del órgano científico advierten que las reformas en 18 estados son parte de un botín electoral
Karina Avilés / La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010
Las reformas que penalizan el aborto son parte de un "botín electoral", y una de las alternativas frente a la permisividad del gobierno para que la Iglesia católica se inmiscuya en los asuntos del Estado es legislar "explícitamente" en favor de la laicidad, señaló la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz.
En tanto, ex titulares del organismo advirtieron que dichos cambios evidencian el "lucro político", el "vacío y la debilidad de la autoridad" y conducen a "una situación muy peligrosa de la que mañana podríamos arrepentirnos".
Entrevistados a propósito del desplegado en el que los científicos que han dirigido la AMC manifiestan que las recientes leyes "antiaborto" en 18 estados significan una violación al Estado laico, Rosaura Ruiz manifestó que la única manera de que haya democracia es con "laicidad".
Anunció que esta declaratoria pública la enviarán también a los gobernadores, diputados y senadores para que se tome en cuenta la posición de la ciencia. Esto, en un contexto en el que "hay afinidad de ciertos partidos con la Iglesia y existe una fuerte presión de ésta. También se ha convertido en un botín electoral, pensando en que gran parte de la población estará con ellos", pero olvidan que la gran mayoría de mexicanos está en favor de la separación Iglesia-Estado.
Por su parte, Octavio Paredes, ex titular de la AMC, apuntó que el gobierno federal "no sólo permite, sino quizá induce" a que la jerarquía católica se entrometa en asuntos que sólo competen al Estado, con lo cual se "envía al país a una situación muy peligrosa de la que mañana podríamos arrepentirnos".
Por ello –añadió–, es necesario dar la pelea para preservar el Estado laico. Ya los comités de bioética han explicado que en "ningún país decente" se acepta el principio de la vida en el momento de la concepción, el cual sólo obedece a posiciones "religiosas e ideológicas", enfatizó.
Sin embargo –dijo–, para este gobierno la defensa de la laicidad no es de su interés, como tampoco la educación. "El objetivo es que al final desaparezcan la Universidad Nacional Autónoma de México y las instituciones de esta naturaleza para que nos llenemos de las que ya conocemos."
En tanto, José Antonio de la Peña, también ex presidente de la AMC, manifestó que el ámbito de las libertades individuales es lo que se ve violentado con dichas reformas constitucionales, en las que también se ignoran los avances y los conceptos científicos.
Consideró que tales cambios son resultado del "oportunismo político, que ve en el ámbito social la vía de que se puedan realizar. Es la conjunción de un ambiente social propicio con base en que hay poca información, poco reconocimiento del ámbito científico y el aprovechamiento de la situación en el ámbito político por grupos interesados en promover estas reformas".
Por último, Juan Pedro Laclette, quien dirigió el máximo órgano científico en el periodo 2006-2008, advirtió que las reformas antiaborto son resultado del "ambiente de debilidad de la autoridad en los gobiernos en México y de una actitud de lucro político, donde quienes detentan el poder consideran no conveniente meterse en temas que puedan reducir su aceptación social".
El también coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico señaló que dichas leyes reflejan las visiones más fundamentalistas y llevan a la disminución de la tolerancia, además de tener repercusiones en otras áreas, como en el potencial terapéutico de las células troncales, mismo que también ha tenido este tipo de advertencias por estos puntos de vista radicales.
Insistió en que existe "vacío de autoridad" y "conveniencia política", a pesar de que se trata de un tema de garantías individuales, en particular de la mujer, ya que cada una tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Fuente : La Jornada
* Ante la permisividad del poder frente a la Iglesia, la alternativa es legislar en pro de la laicidad
* Ex titulares del órgano científico advierten que las reformas en 18 estados son parte de un botín electoral
Karina Avilés / La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010
Las reformas que penalizan el aborto son parte de un "botín electoral", y una de las alternativas frente a la permisividad del gobierno para que la Iglesia católica se inmiscuya en los asuntos del Estado es legislar "explícitamente" en favor de la laicidad, señaló la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz.
En tanto, ex titulares del organismo advirtieron que dichos cambios evidencian el "lucro político", el "vacío y la debilidad de la autoridad" y conducen a "una situación muy peligrosa de la que mañana podríamos arrepentirnos".
Entrevistados a propósito del desplegado en el que los científicos que han dirigido la AMC manifiestan que las recientes leyes "antiaborto" en 18 estados significan una violación al Estado laico, Rosaura Ruiz manifestó que la única manera de que haya democracia es con "laicidad".
Anunció que esta declaratoria pública la enviarán también a los gobernadores, diputados y senadores para que se tome en cuenta la posición de la ciencia. Esto, en un contexto en el que "hay afinidad de ciertos partidos con la Iglesia y existe una fuerte presión de ésta. También se ha convertido en un botín electoral, pensando en que gran parte de la población estará con ellos", pero olvidan que la gran mayoría de mexicanos está en favor de la separación Iglesia-Estado.
Por su parte, Octavio Paredes, ex titular de la AMC, apuntó que el gobierno federal "no sólo permite, sino quizá induce" a que la jerarquía católica se entrometa en asuntos que sólo competen al Estado, con lo cual se "envía al país a una situación muy peligrosa de la que mañana podríamos arrepentirnos".
Por ello –añadió–, es necesario dar la pelea para preservar el Estado laico. Ya los comités de bioética han explicado que en "ningún país decente" se acepta el principio de la vida en el momento de la concepción, el cual sólo obedece a posiciones "religiosas e ideológicas", enfatizó.
Sin embargo –dijo–, para este gobierno la defensa de la laicidad no es de su interés, como tampoco la educación. "El objetivo es que al final desaparezcan la Universidad Nacional Autónoma de México y las instituciones de esta naturaleza para que nos llenemos de las que ya conocemos."
En tanto, José Antonio de la Peña, también ex presidente de la AMC, manifestó que el ámbito de las libertades individuales es lo que se ve violentado con dichas reformas constitucionales, en las que también se ignoran los avances y los conceptos científicos.
Consideró que tales cambios son resultado del "oportunismo político, que ve en el ámbito social la vía de que se puedan realizar. Es la conjunción de un ambiente social propicio con base en que hay poca información, poco reconocimiento del ámbito científico y el aprovechamiento de la situación en el ámbito político por grupos interesados en promover estas reformas".
Por último, Juan Pedro Laclette, quien dirigió el máximo órgano científico en el periodo 2006-2008, advirtió que las reformas antiaborto son resultado del "ambiente de debilidad de la autoridad en los gobiernos en México y de una actitud de lucro político, donde quienes detentan el poder consideran no conveniente meterse en temas que puedan reducir su aceptación social".
El también coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico señaló que dichas leyes reflejan las visiones más fundamentalistas y llevan a la disminución de la tolerancia, además de tener repercusiones en otras áreas, como en el potencial terapéutico de las células troncales, mismo que también ha tenido este tipo de advertencias por estos puntos de vista radicales.
Insistió en que existe "vacío de autoridad" y "conveniencia política", a pesar de que se trata de un tema de garantías individuales, en particular de la mujer, ya que cada una tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Fuente : La Jornada
