Resistencia
Alejandro Encinas
25 de octubre de 2008
A lo largo de mi vida he mantenido y defendido de manera abierta y libre mis ideas y posiciones políticas. En esta ocasión, mi posición respecto a las reformas en materia energética no es la excepción.
Comparto la posición del comité que integró el FAP para elaborar una iniciativa alterna a las presentadas por Calderón y el PRI, que considera que los dictámenes aprobados en el Senado conjuran la pretensión privatizadora promovida en las propuestas oficiales, ya que se evitó que particulares puedan construir, poseer y operar instalaciones de refinación y petroquímica básica, así como de transporte en ductos y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos básicos; impiden los contratos de riesgo bajo cualquier modalidad; permite que Pemex haga uso de sus excedentes de operación y elimina la mayor parte de las características lesivas, con lo que se fortalece la paraestatal.
Estoy convencido de que el vuelco que tomó esta discusión es un logro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de miles de ciudadanos que se oponen a la privatización de Pemex, y es resultado de una estrategia de lucha política que fue severamente cuestionada desde la toma de las tribunas en el Congreso de la Unión por legisladores del FAP que impidieron un albazo en la aprobación de las iniciativas originales, lo que obligó a un amplio debate público en el Senado y permitió más adelante una consulta pública nacional y la elaboración de una iniciativa ciudadana, que fueron fundamentales en la rectificación que representan los dictámenes aprobados.
He de señalar que en la consulta que se realizó en el Hemiciclo a Juárez el miércoles mi voto fue a favor de “aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumplan los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la Constitución, privatizar o que continúe la corrupción en Pemex”, haciéndome cargo de lo señalado tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por AMLO en lo que se refiere a “bloques o áreas exclusivas” que puedan concesionarse a particulares mediante contratos que pudieran significar que se excluya a Pemex del control sobre esos trabajos de exploración, lo que abre una franja de riesgo respecto a actividades sobre las cuales no debería quedar en duda el control que el Estado debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos, lo que el Senado se negó a prohibir expresamente.
En México se ha dado un añejo debate, en el que distintos juristas han señalado que el Estado sólo está facultado para actuar en los casos expresamente establecidos en la ley, aunque el ejercicio gubernamental en nuestro país ha actuado bajo la lógica de que “lo que no está prohibido está permitido”, lo que hace legítima la preocupación de quienes consideran que esta ambigüedad encubre la tentación privatizadora.
Por ello participé en la movilización al Senado el jueves, no sólo porque es genuina la preocupación; lo hice por congruencia y reciprocidad con quienes me han apoyado; porque no comparto la idea de alentar la diferenciación dentro de la izquierda, el partido y el movimiento; porque esa diferenciación acerca a viejos compañeros con nuestros adversarios; porque asumo el resultado de la consulta pese a que voté en otro sentido; pero, fundamentalmente, porque no voy a tomar distancia del movimiento, ni voy a ahondar la fractura entre el PRD y el movimiento, menos aún ante el momento crítico que vive el país, que exige una izquierda firme, capaz de encabezar una alternativa que permita enfrentar la incapacidad de la derecha para conducir los destinos de México.
Fuente : El Universal
Alejandro Encinas
25 de octubre de 2008
A lo largo de mi vida he mantenido y defendido de manera abierta y libre mis ideas y posiciones políticas. En esta ocasión, mi posición respecto a las reformas en materia energética no es la excepción.
Comparto la posición del comité que integró el FAP para elaborar una iniciativa alterna a las presentadas por Calderón y el PRI, que considera que los dictámenes aprobados en el Senado conjuran la pretensión privatizadora promovida en las propuestas oficiales, ya que se evitó que particulares puedan construir, poseer y operar instalaciones de refinación y petroquímica básica, así como de transporte en ductos y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos básicos; impiden los contratos de riesgo bajo cualquier modalidad; permite que Pemex haga uso de sus excedentes de operación y elimina la mayor parte de las características lesivas, con lo que se fortalece la paraestatal.
Estoy convencido de que el vuelco que tomó esta discusión es un logro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de miles de ciudadanos que se oponen a la privatización de Pemex, y es resultado de una estrategia de lucha política que fue severamente cuestionada desde la toma de las tribunas en el Congreso de la Unión por legisladores del FAP que impidieron un albazo en la aprobación de las iniciativas originales, lo que obligó a un amplio debate público en el Senado y permitió más adelante una consulta pública nacional y la elaboración de una iniciativa ciudadana, que fueron fundamentales en la rectificación que representan los dictámenes aprobados.
He de señalar que en la consulta que se realizó en el Hemiciclo a Juárez el miércoles mi voto fue a favor de “aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumplan los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la Constitución, privatizar o que continúe la corrupción en Pemex”, haciéndome cargo de lo señalado tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por AMLO en lo que se refiere a “bloques o áreas exclusivas” que puedan concesionarse a particulares mediante contratos que pudieran significar que se excluya a Pemex del control sobre esos trabajos de exploración, lo que abre una franja de riesgo respecto a actividades sobre las cuales no debería quedar en duda el control que el Estado debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos, lo que el Senado se negó a prohibir expresamente.
En México se ha dado un añejo debate, en el que distintos juristas han señalado que el Estado sólo está facultado para actuar en los casos expresamente establecidos en la ley, aunque el ejercicio gubernamental en nuestro país ha actuado bajo la lógica de que “lo que no está prohibido está permitido”, lo que hace legítima la preocupación de quienes consideran que esta ambigüedad encubre la tentación privatizadora.
Por ello participé en la movilización al Senado el jueves, no sólo porque es genuina la preocupación; lo hice por congruencia y reciprocidad con quienes me han apoyado; porque no comparto la idea de alentar la diferenciación dentro de la izquierda, el partido y el movimiento; porque esa diferenciación acerca a viejos compañeros con nuestros adversarios; porque asumo el resultado de la consulta pese a que voté en otro sentido; pero, fundamentalmente, porque no voy a tomar distancia del movimiento, ni voy a ahondar la fractura entre el PRD y el movimiento, menos aún ante el momento crítico que vive el país, que exige una izquierda firme, capaz de encabezar una alternativa que permita enfrentar la incapacidad de la derecha para conducir los destinos de México.
Fuente : El Universal
