Abrir Pemex al capital privado, plantean anteproyectos energéticos
■ Presentan a comisiones del Senado borradores para dar autonomía a organismos subsidiarios
■ Asesor del FAP rechaza la idea preliminar; perredistas exigen conocer todos los documentos
■ Proponen que la paraestatal otorgue sin licitación contratos para perforar en aguas profundas
Andrea Becerril
Abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado por medio de un esquema que le permita celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con empresas nacionales y extranjeras en toda la cadena productiva, incluida la refinación, se propone en los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo y en la Ley Orgánica de la paraestatal, entregados ayer a senadores.
Ambas legislaciones contemplan que Pemex otorgue contratos sin licitar, a través “invitaciones restringidas o adjudicaciones directas”, en varios casos, entre ellos para la perforación en aguas profundas.
A juicio de Mario di Costanzo, del grupo de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), la puerta para la privatización de Pemex “queda abierta” con la modificación propuesta al artículo cuarto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en la que se da “al Ejecutivo federal” la facultad de constituir “por decreto” organismos descentralizados filiales de la paraestatal para la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo.
Los organismos subsidiarios de Pemex, así como los filiales, “estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria” para la contratación de obras, las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios.
Bajo esa modalidad, las filiales de Pemex podrán asociarse con empresas extranjeras para construir y operar refinerías, en un esquema similar al de Deer Park, Texas, donde la paraestatal produce gasolina y otros combustibles conjuntamente con una trasnacional, comentó el senador panista Juan Bueno Torio.
Sin embargo, anoche, al final de la reunión de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, sostuvo que se aceptó que no habrá maquiladoras para refinar petróleo.
Aunque ese artículo cuarto está “en corchetes”, porque el PRD no lo avala, cuenta con el respaldo de PRI, PAN y Verde Ecologista. Se sabe que los panistas lo cabildearon ayer, de último momento, con representantes del Ejecutivo.
“Flexibilidad para operar”
Ambos anteproyectos de ley –que constituyen la parte medular de la reforma de Pemex– fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, durante una reunión en la que discutieron otros cuatro anteproyectos de ley anteriores, y en la que los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez dejaron claro que no votarán nada hasta conocer la totalidad de los documentos.
Los anteproyectos –presentados como “borradores de trabajo”– fueron encargados a los secretarios técnicos de las comisiones. Trascendió, sin embargo, que fueron elaborados previa consulta con las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Energía, así como con la dirección de Pemex.
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional se define que las comisiones dictaminadoras “consideran prudente que Pemex permanezca como un organismo estatal, pero con mayor flexibilidad para operar de manera eficiente y cumplir con eficacia”.
Se alude a la opinión de “juristas reconocidos” que participaron en los foros de debate del Senado para sostener que “es claro que Pemex y sus organismos subsidiarios pueden celebrar cualquier tipo de contratos”, siempre que no sean de riesgo.
En ese sentido, se reformó el artículo seis de esa ley reglamentaria del 27 constitucional, para precisar que Pemex “y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obra y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos”.
Se señala también que “no se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o las utilidades de Pemex”.
Sin embargo, en el anteproyecto de Ley Orgánica de Pemex se contempla todo lo relativo a contratos. Sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en el artículo 56 se precisa que se efectuarán, “por regla general”, por medio de licitaciones públicas, previa convocatoria pública, pero habrá excepciones.
Señala que cuando “las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones”, podrán llevarse a cabo “por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Apunta que las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales; en este último caso, se realizarán en modalidad abierta o bajo la aplicación de un tratado internacional.
Viene luego el capítulo “Modalidades especiales de contratación”, el cual detalla que Pemex podrá hacer a un lado la licitación pública y “celebrar contrato a través de los procedimientos de invitación cuando menos a tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo”.
Entre los casos en que no tendrá obligación de licitar, además de derrames e incendios de pozos, están “las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”.
Esa es una de las propuestas contenidas en la iniciativa de Felipe Calderón, que está dirigida a crear el marco jurídico para otorgar los contratos a compañías extranjeras que perforen en aguas profundas del Golfo de México.
En el anteproyecto se incluyen también los contratos incentivados propuestos por Calderón, en los que se incluyen compensaciones o penalizaciones a las empresas. Se insiste en la exposición de motivos en que no se trata de contratos de riesgo.
Aquí tampoco hay consenso, pero sí acuerdo entre PRI y PAN, en un texto en el que se precisa que se pagará al contratista, bajo varias consideraciones, entre ellas “el impacto ambiental, la calidad de los trabajos, el menor o mayor tiempo de ejecución de las obras y la incorporación de mejoras tecnológicas”.
Asimismo, en el impacto de las actividades para la reducción de los costos u otras orientadas a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio, “conforme a indicadores establecidos a la firma del contrato”.
También está en corchetes la propuesta contenida en la iniciativa del FAP de prohibir la suscripción de contratos de exploración o producción que otorguen áreas exclusivas para un contratista, así como la de impedir la firma de contratos donde una misma empresa reúna las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Aquí son el PAN y el gobierno los que se oponen.
Estos anteproyectos de ley fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones dictaminadoras –junto con el referido a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía– durante la reunión en que se discutieron los cuatro “borradores de trabajo” restantes.
En el encuentro, los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez hicieron varias observaciones a la ley que crea la comisión de hidrocarburos, pero sobre todo a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y advirtieron que no las aprobarán.
La comisión volverá a sesionar el lunes. Anoche Labastida insistió en que las posiciones se han acercado y, desde Celaya, el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, expresó que en los próximos días habrá reforma energética, porque “no sólo vamos a contar con el número de votos para aprobarla, sino también con amplio apoyo de otros grupos parlamentarios”.
El grupo de asesores del FAP presentará un informe a Andrés Manuel López Obrador acerca de los proyectos de dictamen.
■ Presentan a comisiones del Senado borradores para dar autonomía a organismos subsidiarios
■ Asesor del FAP rechaza la idea preliminar; perredistas exigen conocer todos los documentos
■ Proponen que la paraestatal otorgue sin licitación contratos para perforar en aguas profundas
Andrea Becerril
Abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado por medio de un esquema que le permita celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con empresas nacionales y extranjeras en toda la cadena productiva, incluida la refinación, se propone en los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo y en la Ley Orgánica de la paraestatal, entregados ayer a senadores.
Ambas legislaciones contemplan que Pemex otorgue contratos sin licitar, a través “invitaciones restringidas o adjudicaciones directas”, en varios casos, entre ellos para la perforación en aguas profundas.
A juicio de Mario di Costanzo, del grupo de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), la puerta para la privatización de Pemex “queda abierta” con la modificación propuesta al artículo cuarto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en la que se da “al Ejecutivo federal” la facultad de constituir “por decreto” organismos descentralizados filiales de la paraestatal para la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo.
Los organismos subsidiarios de Pemex, así como los filiales, “estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria” para la contratación de obras, las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios.
Bajo esa modalidad, las filiales de Pemex podrán asociarse con empresas extranjeras para construir y operar refinerías, en un esquema similar al de Deer Park, Texas, donde la paraestatal produce gasolina y otros combustibles conjuntamente con una trasnacional, comentó el senador panista Juan Bueno Torio.
Sin embargo, anoche, al final de la reunión de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, sostuvo que se aceptó que no habrá maquiladoras para refinar petróleo.
Aunque ese artículo cuarto está “en corchetes”, porque el PRD no lo avala, cuenta con el respaldo de PRI, PAN y Verde Ecologista. Se sabe que los panistas lo cabildearon ayer, de último momento, con representantes del Ejecutivo.
“Flexibilidad para operar”
Ambos anteproyectos de ley –que constituyen la parte medular de la reforma de Pemex– fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, durante una reunión en la que discutieron otros cuatro anteproyectos de ley anteriores, y en la que los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez dejaron claro que no votarán nada hasta conocer la totalidad de los documentos.
Los anteproyectos –presentados como “borradores de trabajo”– fueron encargados a los secretarios técnicos de las comisiones. Trascendió, sin embargo, que fueron elaborados previa consulta con las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Energía, así como con la dirección de Pemex.
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional se define que las comisiones dictaminadoras “consideran prudente que Pemex permanezca como un organismo estatal, pero con mayor flexibilidad para operar de manera eficiente y cumplir con eficacia”.
Se alude a la opinión de “juristas reconocidos” que participaron en los foros de debate del Senado para sostener que “es claro que Pemex y sus organismos subsidiarios pueden celebrar cualquier tipo de contratos”, siempre que no sean de riesgo.
En ese sentido, se reformó el artículo seis de esa ley reglamentaria del 27 constitucional, para precisar que Pemex “y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obra y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos”.
Se señala también que “no se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o las utilidades de Pemex”.
Sin embargo, en el anteproyecto de Ley Orgánica de Pemex se contempla todo lo relativo a contratos. Sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en el artículo 56 se precisa que se efectuarán, “por regla general”, por medio de licitaciones públicas, previa convocatoria pública, pero habrá excepciones.
Señala que cuando “las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones”, podrán llevarse a cabo “por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Apunta que las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales; en este último caso, se realizarán en modalidad abierta o bajo la aplicación de un tratado internacional.
Viene luego el capítulo “Modalidades especiales de contratación”, el cual detalla que Pemex podrá hacer a un lado la licitación pública y “celebrar contrato a través de los procedimientos de invitación cuando menos a tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo”.
Entre los casos en que no tendrá obligación de licitar, además de derrames e incendios de pozos, están “las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”.
Esa es una de las propuestas contenidas en la iniciativa de Felipe Calderón, que está dirigida a crear el marco jurídico para otorgar los contratos a compañías extranjeras que perforen en aguas profundas del Golfo de México.
En el anteproyecto se incluyen también los contratos incentivados propuestos por Calderón, en los que se incluyen compensaciones o penalizaciones a las empresas. Se insiste en la exposición de motivos en que no se trata de contratos de riesgo.
Aquí tampoco hay consenso, pero sí acuerdo entre PRI y PAN, en un texto en el que se precisa que se pagará al contratista, bajo varias consideraciones, entre ellas “el impacto ambiental, la calidad de los trabajos, el menor o mayor tiempo de ejecución de las obras y la incorporación de mejoras tecnológicas”.
Asimismo, en el impacto de las actividades para la reducción de los costos u otras orientadas a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio, “conforme a indicadores establecidos a la firma del contrato”.
También está en corchetes la propuesta contenida en la iniciativa del FAP de prohibir la suscripción de contratos de exploración o producción que otorguen áreas exclusivas para un contratista, así como la de impedir la firma de contratos donde una misma empresa reúna las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Aquí son el PAN y el gobierno los que se oponen.
Estos anteproyectos de ley fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones dictaminadoras –junto con el referido a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía– durante la reunión en que se discutieron los cuatro “borradores de trabajo” restantes.
En el encuentro, los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez hicieron varias observaciones a la ley que crea la comisión de hidrocarburos, pero sobre todo a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y advirtieron que no las aprobarán.
La comisión volverá a sesionar el lunes. Anoche Labastida insistió en que las posiciones se han acercado y, desde Celaya, el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, expresó que en los próximos días habrá reforma energética, porque “no sólo vamos a contar con el número de votos para aprobarla, sino también con amplio apoyo de otros grupos parlamentarios”.
El grupo de asesores del FAP presentará un informe a Andrés Manuel López Obrador acerca de los proyectos de dictamen.
Fuente : La Jornada
