PGR produce grandes espectáculos
Michoacán se convirtió en el escenario de un operativo que, aparte de la pertinencia de la investigación, fue diseño para acaparar la atención de los medios de comunicación en estos días, en que cada acción de gobierno lleva un cálculo electoral
Carina García
El Periódico
01/06/2009
En plena efervescencia por las campañas políticas y a 41 días de los comicios, la Procuraduría General de la República (PGR) apuntaló la estrategia electoral panista, basada en la lucha contra el narcotráfico, con un megaoperativo para detener a 28 funcionarios públicos de Michoacán señalados de proteger a traficantes de droga.
La medida afectó a presidentes municipales de PRD, PAN y PRI, pero fue un golpe mediático con fines políticos, aseguran analistas tras revisar el despliegue y su difusión, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados.
“Lo que veo es un problema de forma, de desaseo, de utilización política de la justicia, sin duda”, señala el ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y especialista en temas del narcotráfico, Samuel González Ruiz.
Respaldan esta postura el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz y Porfirio Muñoz Ledo, hoy candidato a diputado federal por el PT, para quien ese uso electoral es ya común en el PAN.
Para el priista Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional, es de llamar la atención que el operativo realizado el 9 de ese mes en Morelos, donde se detuvo a 34 policías que presuntamente protegían al narcotráfico, se hizo de forma muy diferente.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a esa entidad para respaldar al gobernador Marco Adame, del PAN, quien siempre estuvo informado de las acciones federales, recordó en entrevista con canal 34.
De repente se acordaron
El caso michoacano estuvo marcado por tiempos y formas en entredicho. Primero, porque el gobernador Leonel Godoy ya habría advertido desde febrero de 2008 sobre las presiones del narcotráfico para imponer mandos policiacos a ediles de su entidad, y el mismo procurador Eduardo Medina Mora dijo conocer los casos en enero de ese año.
Pero 16 meses después y resultado de investigaciones que, informó la PGR, tienen medio año, se actuó.
Sólo que se hizo sin coordinación Federación-estado y sin notificar a Godoy, como superior jerárquico de los investigados, de los requerimientos judiciales.
Hubo además irrupción de fuerzas federales armadas y encapuchadas a Palacio de Gobierno; los funcionarios habrían sido retenidos sin que se les haya notificado la orden judicial respectiva y su trasladado a la Ciudad de México habría sido “con engaños”, según sus abogados.
No se cumplieron los procedimientos para operativos federales en los estados, “es una falta de cortesía y de cuidado; no es legal tampoco”, considera González Ruiz.
Efectos especiales
Todo eso arroja indicios del fin que perseguía la operación, que se refuerzan con el hecho de que la PGR el mismo día dio a todos el carácter de detenidos, sin serlo.
“Es después de un interrogatorio que el Ministerio Público puede valorar los elementos en el expediente y declarar la detención; eso no se hizo, los declararon como detenidos antes de que llegaran a las instalaciones y de que declararan”, expone González.
Pero hay más. “¿Era necesario ir por los 27 al mismo tiempo? Es extraño e inconveniente mezclar todo en un solo asunto”, considera.No hay precedentes de un hecho así. “Conozco a 12 procuradores y no conozco ninguno que haya manejado un asunto así. Por algo será”, deduce González.
Así, esto “tiene visos de espectacularidad porque estamos en un momento electoral. Es imposible que alguien diga que no tiene efectos políticos, porque la manera en que se manejó la operación fue política”.
A diferencia del operativo en Morelos, en Michoacán “se dio publicidad con un aparato ya preparado y eso nos hace pensar en un objetivo mediático”, recalca Bátiz Vázquez.
“Puede ser que sí estén persiguiendo funcionarios coludidos con el crimen, pero también (buscan) dar un golpe espectacular para los medios y causar una buena impresión en los votantes.
“El pecado original –señala Muñoz Ledo– es que la PGR no es independiente del gobierno, como ocurre en todos los países, (por eso) hoy fue en Michoacán, disfrazado de pluralidad, mañana pueden caer en Sonora, pasado mañana en Campeche, donde quieran crear efecto político. Por eso hay que decir no a la politización de la justicia”.
Martes 26 de mayo
Miércoles 27 de mayo
Jueves 28 de mayo
Viernes 29 de mayo
Fuente : El Periodico
Michoacán se convirtió en el escenario de un operativo que, aparte de la pertinencia de la investigación, fue diseño para acaparar la atención de los medios de comunicación en estos días, en que cada acción de gobierno lleva un cálculo electoral
Carina García
El Periódico
01/06/2009
En plena efervescencia por las campañas políticas y a 41 días de los comicios, la Procuraduría General de la República (PGR) apuntaló la estrategia electoral panista, basada en la lucha contra el narcotráfico, con un megaoperativo para detener a 28 funcionarios públicos de Michoacán señalados de proteger a traficantes de droga.
La medida afectó a presidentes municipales de PRD, PAN y PRI, pero fue un golpe mediático con fines políticos, aseguran analistas tras revisar el despliegue y su difusión, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados.
“Lo que veo es un problema de forma, de desaseo, de utilización política de la justicia, sin duda”, señala el ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y especialista en temas del narcotráfico, Samuel González Ruiz.
Respaldan esta postura el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz y Porfirio Muñoz Ledo, hoy candidato a diputado federal por el PT, para quien ese uso electoral es ya común en el PAN.
Para el priista Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional, es de llamar la atención que el operativo realizado el 9 de ese mes en Morelos, donde se detuvo a 34 policías que presuntamente protegían al narcotráfico, se hizo de forma muy diferente.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a esa entidad para respaldar al gobernador Marco Adame, del PAN, quien siempre estuvo informado de las acciones federales, recordó en entrevista con canal 34.
De repente se acordaron
El caso michoacano estuvo marcado por tiempos y formas en entredicho. Primero, porque el gobernador Leonel Godoy ya habría advertido desde febrero de 2008 sobre las presiones del narcotráfico para imponer mandos policiacos a ediles de su entidad, y el mismo procurador Eduardo Medina Mora dijo conocer los casos en enero de ese año.
Pero 16 meses después y resultado de investigaciones que, informó la PGR, tienen medio año, se actuó.
Sólo que se hizo sin coordinación Federación-estado y sin notificar a Godoy, como superior jerárquico de los investigados, de los requerimientos judiciales.
Hubo además irrupción de fuerzas federales armadas y encapuchadas a Palacio de Gobierno; los funcionarios habrían sido retenidos sin que se les haya notificado la orden judicial respectiva y su trasladado a la Ciudad de México habría sido “con engaños”, según sus abogados.
No se cumplieron los procedimientos para operativos federales en los estados, “es una falta de cortesía y de cuidado; no es legal tampoco”, considera González Ruiz.
Efectos especiales
Todo eso arroja indicios del fin que perseguía la operación, que se refuerzan con el hecho de que la PGR el mismo día dio a todos el carácter de detenidos, sin serlo.
“Es después de un interrogatorio que el Ministerio Público puede valorar los elementos en el expediente y declarar la detención; eso no se hizo, los declararon como detenidos antes de que llegaran a las instalaciones y de que declararan”, expone González.
Pero hay más. “¿Era necesario ir por los 27 al mismo tiempo? Es extraño e inconveniente mezclar todo en un solo asunto”, considera.No hay precedentes de un hecho así. “Conozco a 12 procuradores y no conozco ninguno que haya manejado un asunto así. Por algo será”, deduce González.
Así, esto “tiene visos de espectacularidad porque estamos en un momento electoral. Es imposible que alguien diga que no tiene efectos políticos, porque la manera en que se manejó la operación fue política”.
A diferencia del operativo en Morelos, en Michoacán “se dio publicidad con un aparato ya preparado y eso nos hace pensar en un objetivo mediático”, recalca Bátiz Vázquez.
“Puede ser que sí estén persiguiendo funcionarios coludidos con el crimen, pero también (buscan) dar un golpe espectacular para los medios y causar una buena impresión en los votantes.
“El pecado original –señala Muñoz Ledo– es que la PGR no es independiente del gobierno, como ocurre en todos los países, (por eso) hoy fue en Michoacán, disfrazado de pluralidad, mañana pueden caer en Sonora, pasado mañana en Campeche, donde quieran crear efecto político. Por eso hay que decir no a la politización de la justicia”.
Martes 26 de mayo
- Detienen de manera simultánea a 27 funcionarios de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado: 10 alcaldes, un juez y 17 funcionarios del gobierno del estado.
Miércoles 27 de mayo
- Capturan al alcalde de Nuevo Urecho, Michoacán, como parte del mismo operativo.
- La PGR señala que el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, está libre de sospechas.
- Godoy exige al gobierno federal una explicación por el operativo, del cual no fue advertido.
- Además de los 28 detenidos, reportes de inteligencia federal incluyen a los diputados José Asunción Orihuela, del PRI; Antonio Soto Sánchez, del PRD, y al ex alcalde de Aguililla, Irineo Mendoza, del PRD.
- Diputados del PRD aseguraron que las detenciones en Michoacán son parte de un “show electorero”.
- La PGR aseguró que el gobernador Godoy sí fue avisado del operativo; después el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aceptaría que no fue así.
Jueves 28 de mayo
- Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, respaldó al diputado federal José Ascensión Orihuela.
- La dirigencia del PRD reclamó a Gómez Mont el daño al partido y a la imagen del gobernador Godoy.
- Además de los 29 servidores públicos de Michoacán que declararon, presuntamente por estar relacionados con “La Familia” michoacana, el Ministerio Público citó a 36 personas más para testificar.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya inició investigaciones sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales de los funcionarios detenidos.
Viernes 29 de mayo
- Los presidentes municipales y funcionarios estatales detenidos iniciaron una huelga de hambre en las instalaciones de la SIEDO hasta que les resuelvan su situación jurídica.
- El procurador Eduardo Medina Mora solicitó a un juez federal el arraigo de los 29 servidores públicos detenidos.
Fuente : El Periodico
