El Congreso local exonera a Mario Marín del juicio político por el Lydiagate
Mónica Camacho
La Jornada de Oriente
Puebla, Pue. Jueves 9 de abril de 2009
En pleno periodo vacacional, la Comisión de Gobernación del Congreso del estado (de Puebla) rechazó las dos solicitudes de juicio político que se presentaron en el año 2006 en contra del gobernador Mario Marín Torres por su participación en el encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Las demandas se desecharon con el voto en contra de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez y Leonor Popócatl Gutiérrez, quienes reconocieron que no existe ningún procedimiento para debatir la decisión.
Los integrantes del Frente Cívico Poblano, así como la bancada del PAN en la Legislatura local pasada presentaron las peticiones de juicio político ante el Poder Legislativo estatal, luego de que se difundiera una grabación telefónica entre Mario Marín y el empresario libanés Kamel Nacif Borge.
Esa grabación presuntamente mostraba que había existido una conspiración para detener de manera indebida, en diciembre de 2005, a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue recluida en el Centro de Readaptación Social de San Miguel.
Además de existir la sospecha de que la periodista iba a ser torturada o se atentaría contra su vida dentro de la prisión.
Uno de los legisladores encargados de esa comisión era Rodolfo Huerta Espinosa, quien era diputado del PRD. En ese entonces enarboló un discurso de que se llegaría en este caso hasta sus últimas consecuencias, pero al final se convirtió en un político marinista, ya que es promotor de Javier López Zavala –que en 2006 era secretario de Gobernación– en su búsqueda de la candidatura.
Transcurrieron poco más de tres años para que los integrantes de la Comisión de Gobernación analizaran las demandas, periodo que superó el empleado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual exoneró al gobernador en 2007 de violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho.
Los legisladores priistas que forman parte de la comisión, Pablo Fernández del Campo, Luis Alberto Arriaga, Humberto Aguilar Viveros y Rocío García Olmedo, determinaron que las peticiones eran infundadas porque las únicas pruebas que se presentaron fueron textos periodísticos y una copia de la grabación.
La decisión será ratificada por la mayoría priista del Congreso del estado, una vez que termine el periodo de receso a fines de mayo próximo.
Fuente : La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
La Jornada de Oriente
Puebla, Pue. Jueves 9 de abril de 2009
En pleno periodo vacacional, la Comisión de Gobernación del Congreso del estado (de Puebla) rechazó las dos solicitudes de juicio político que se presentaron en el año 2006 en contra del gobernador Mario Marín Torres por su participación en el encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Las demandas se desecharon con el voto en contra de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez y Leonor Popócatl Gutiérrez, quienes reconocieron que no existe ningún procedimiento para debatir la decisión.
Los integrantes del Frente Cívico Poblano, así como la bancada del PAN en la Legislatura local pasada presentaron las peticiones de juicio político ante el Poder Legislativo estatal, luego de que se difundiera una grabación telefónica entre Mario Marín y el empresario libanés Kamel Nacif Borge.
Esa grabación presuntamente mostraba que había existido una conspiración para detener de manera indebida, en diciembre de 2005, a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue recluida en el Centro de Readaptación Social de San Miguel.
Además de existir la sospecha de que la periodista iba a ser torturada o se atentaría contra su vida dentro de la prisión.
Uno de los legisladores encargados de esa comisión era Rodolfo Huerta Espinosa, quien era diputado del PRD. En ese entonces enarboló un discurso de que se llegaría en este caso hasta sus últimas consecuencias, pero al final se convirtió en un político marinista, ya que es promotor de Javier López Zavala –que en 2006 era secretario de Gobernación– en su búsqueda de la candidatura.
Transcurrieron poco más de tres años para que los integrantes de la Comisión de Gobernación analizaran las demandas, periodo que superó el empleado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual exoneró al gobernador en 2007 de violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho.
Los legisladores priistas que forman parte de la comisión, Pablo Fernández del Campo, Luis Alberto Arriaga, Humberto Aguilar Viveros y Rocío García Olmedo, determinaron que las peticiones eran infundadas porque las únicas pruebas que se presentaron fueron textos periodísticos y una copia de la grabación.
La decisión será ratificada por la mayoría priista del Congreso del estado, una vez que termine el periodo de receso a fines de mayo próximo.
Fuente : La Jornada de Oriente
